Ciudad de México.- Un juez federal ordenó a Banobras resolver si rescinde el contrato por el que Caminos y Puentes Federales (Capufe) opera 54 autopistas, carreteras, puentes y libramientos.

Además, conminó a la Secretaría de la Función Pública a resolver si existe responsabilidad de funcionarios de Capufe por el manejo indebido de ingresos por cobro de telepeaje.

Fernando Silva García, juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, concedió el 3 de octubre un amparo a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que demanda rendición de cuentas sobre el telepeaje en la red carretera concesionada al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), cuyo fiduciario es Banobras.

Capufe tiene la obligación contractual de entregar puntualmente los ingresos por telepeaje a Banobras, pero a principios de 2015 arrastraba una deuda de mil 83 millones de pesos, que para octubre de ese año bajó a 718 millones.

Al defenderse en el amparo, Banobras alegó que el contrato no lo obliga a rescindir anticipadamente por estos incumplimientos, sino sólo indica que "podrá" hacerlo, y defendió la evolución positiva que ha tenido la "cuenta por cobrar" con Capufe.

"Esto es insuficiente para considerar que se han respetado los postulados constitucionales relacionados con la transparencia, honradez y eficacia en la rendición de cuentas en los recursos que manejan las autoridades, y que se han visto afectados por más de un año, en palabras de Banobras, por Capufe", replicó el juez.

Por tanto, Silva ordenó a Banobras y el Fonadin "activar los mecanismos" para analizar el incumplimiento de Capufe, y resolver de manera fundada y motivada si rescinde los contratos.

En tanto, la SFP reportó que desde 2016 realiza una amplia auditoría al sistema de telepeaje de Capufe, que en 2014 tuvo serios problemas cuando una nueva empresa ganó el contrato para operarlo.

El juez ordenó a la SFP informar el estado de las auditorías, si ya inició procedimientos de responsabilidad, contra qué funcionarios y por cuáles razones, y si no lo ha hecho, que también dé explicaciones a MCCI.

La sentencia de Silva sólo surtirá efectos si es confirmada por un tribunal colegiado, lo que tomaría varios meses, pues es previsible que será impugnada por las autoridades demandadas, que seguramente pedirán que no se reconozca a MCCI legitimidad para promover amparos de este tipo.

En su fallo, el juez incluyó una larga disertación sobre la corrupción y rendición de cuentas en México, así como el control judicial para limitar la discrecionalidad de las autoridades administrativas.

En años recientes, Silva García se ha hecho famoso por resoluciones como la suspensión de las obras de la Línea 7 del Metrobús en Reforma, la inconstitucionalidad de las fotomultas y su intervención en la disputa entre Carmen Aristegui y Grupo MVS, entre otras.